El 14 de febrero marcó un antes y un después para el presidente Javier Milei. Un posteo en redes sociales sobre la cripto $Libra que fue borrado horas más tarde, alegando no haber estado interiorizado en el proyecto, fue el puntapié de algo inesperado para el mandatario: terminar en el ojo de la tormenta luego de que varias personas se vieran estafadas al invertir en una cripto que se desplomó y dejó a muchos en bancarrota.&nbsp;Inmediatamente las redes estallaron y las denuncias penales no se hicieron esperar. Un estudio jurídico hizo presentaciones en el departamento de justicia de los Estados Unidos. En Argentina, el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py decidió que el sorteo se hiciera por bolillero para evitar especulaciones, y que todas las denuncias se acumularan a la primera. Si bien se hablaba de un centenar de denuncias, lo cierto es que ingresaron poco más de una docena. &nbsp;Mientras tanto la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez abrió expedientes preliminares tras recibir denuncias anónimas y otro por la presentación de Graciela Ocaña que denunció el presunto cobro para reuniones organizadas con el presidente, y el exjuez Guillermo Tiscornia eligió el fuero penal económico al entender que el delito es el de agiotaje que es “ cuando una persona con el fin de no vender sino a un precio determinado, hace alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género”.&nbsp;El gobierno reaccionó rápido para calmar las aguas y por decreto Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción para que investigue, así también creó la unidad de tareas de investigación bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Dos decisiones que fueron criticadas por el arco político.Eduardo Taiano el fiscal en quien recayó la investigación delegada por la jueza María Servini procura “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, ( quien ya designó como abogada a Yanina Nicoletti) Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”. Karina Milei y Santiago Caputo quedaron fuera de la investigación por el momento.&nbsp; <a href="https://x.com/yaninanicoletti/status/1893145645680079099?s=46">https://x.com/yaninanicoletti/status/1893145645680079099?s=46</a> &nbsp;En virtud de la premura del caso, el representante del Ministerio Público Fiscal instruyó las primeras medidas para avanzar y ordenó ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para que “colaborara en la preservación y recuperación de evidencia”.Por otra parte, y entre otras medidas, se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática. Se pidieron informes al Banco Central, a la comisión de Valores, a la IGJ y a la empresa Google, a su vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días.&nbsp; &nbsp;En tanto el titular del juzgado en lo Penal Económico número &nbsp;6, Marcelo Aguinsky, solicitó al juzgado Federal una certificación de aquellas causas en las que se investiguen los hechos relacionados con el suceso ocurrido el 14 de febrero. La duda es si el magistrado buscará quedarse con todas las denuncias o simplemente el pedido se basa en una formalidad procesal para remitir la causa a la justicia Federal.&nbsp;Pese a la crisis institucional que se generó tras el escándalo, Javier Milei pudo surfear con los aliados una escalada del conflicto puesto que logró por falta de un voto, que en el Senado se conformara una comisión investigadora, con el dato curioso que quien firmó para armarla, el senador Eduardo Vischi, terminó votando en contra.&nbsp; Mucho más lejos quedó la intención de la oposición para hacer un juicio político, aunque no dejara de insistir para lograr su cometido alegando que existen causales para ello.&nbsp;El panorama actual pareciera opacar todos los logros del gobierno en materia económica como legislativa, pero en las encuestas no sufrió un gran impacto. Se habla de cierta pérdida de credibilidad que aunque desde el entorno del presidente buscan minimizar, existe. Se criticó duramente al entorno de Milei por este “error” que podría convertirse en la mancha venenosa de esta gestión si la justicia comprueba que se cometió un delito. Y mientras tanto los opositores afilan los dientes porque vieron aquí, una oportunidad para fortalecerse.&nbsp; &nbsp;

Javier Milei y empresarios investigados por $Libra

La justicia investiga al presidente y empresarios detrás del escándalo $libra

Una de las principales razones de ser del periodismo es la duda. O, mejor dicho, el verbo dudar es uno de los fundamentales ingredientes del plato de un periodista. Es más, de hecho, si lo pensamos bien a partir de esa idea, todos fuimos periodistas de niños, como Mafalda, la inolvidable star de la historieta de Quino. “¿Y por qué?”. Preguntaba ella a sus padres y lectores en la infancia. ¿Quién no preguntó lo mismo a sus padres o tutores al tratar de entender la realidad cuando empezaba a chapucear en el mundo? Eso hace el periodismo para cumplir con su premisa básica de informar. Dudar y preguntar.Bueno, dicho eso voy al grano: ¿Por qué el nuevo gobierno de Javier Milei eligió a un juez tan cuestionado y controvertido como Ariel Lijo para que en una especie de per saltum pase de la primera instancia del mal afamado edificio tribunalicio de la Avenida Comodoro Py 2002, en el arrabalero barrio porteño de Retiro, al cuarto y último escalón del Poder Judicial, es decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la más tradicional y acomodada zona de Plaza Lavalle, en Talcahuano 550, justamente cuarto piso? La cúspide de la pirámide judicial.Debo admitir que aún no encontré con certeza alguna la respuesta a ese dilema pese a mis veteranos años en el campo y menester. Pero debo confesar también que mis “indicios serios y concordantes” o “leal saber y entender” o la “sana crítica” —tal las fórmulas que tantas veces los jueces aplican en sus sentencias— me ha llevado a pensar que quizás pueda tratarse de la más hábil y audaz jugada política del gobierno, por fuera, obviamente, de lo económico, su mandato y contrato natural con el electorado.Digo, dados los últimos movimientos de la política —inclúyase en esto a la propia Justicia y sus fallos y movidas administrativas— daría la impresión de que al gobierno le cae cómodo el actual statu quo de la Corte con tres miembros y su distribución de poder interno. Si no se aprueban los pliegos de los dos candidatos que Milei propuso —Lijo y el más naturalmente afín Manuel García Mansilla— pues será problema de la “casta” que domina el Senado, o de la política tradicional, o de la oposición kirchnerista, dicho en términos más tradicionales. Pasaron las sesiones extraordinarias y nada. ¿Será en ordinarias? ¿O seguirá el limbo hasta el nuevo reparto de fuerzas tras la elección legislativa de este año?¿Acaso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no le atoró al gobierno de su ungido Alberto Fernández la aprobación del pliego de un juez probablemente mejor conceptuado como Daniel Rafecas para ser el jefe de todos los fiscales al frente de la Procuración General de la Nación? Es un cargo tan importante como ser juez de la Corte y está vacante hace siete años. Casi dos mandatos de gobierno. ¿Le preocupará a Milei completar la Corte si “la casta” lleva tanto tiempo sin nombrar&nbsp;procurador?.Recuerdan los memoriosos de Comodoro Py cuando Lijo se ufanó de Rafecas por sus pesares en el Consejo de la Magistratura por jugarretas de la política y los servicios de inteligencia por sus contactos con un abogado viejo amigo de su familia al inicio del caso Ciccone. Y pensar que fue Lijo quien terminó encarcelando a Amado Boudou unos años después y en el gobierno de Mauricio Macri... Pero fue Rafecas, finalmente apartado del caso por esa maniobra, quien había conseguido al comienzo las pruebas fundamentales necesarias básicas para condenar luego al entonces vicepresidente de Cristina.¿Acaso no hay un histórico déficit de vacancias en juzgados o tribunales de instancias inferiores que llega hace unos cuantos años al 30% de los puestos? Es el mismo porcentaje que quedó en la Corte cuando en la movida de las propuestas de candidatos al máximo tribunal se decidió jubilar a Juan Carlos Maqueda. Imagino ese como uno de los eventuales razonamientos del cerebro que ideó la jugada, si es que así nació.¿Y si Milei apela al decreto para poner a uno de los dos candidatos y no a ambos? ¿Sería el elegido Lijo o García Mansilla? ¿Y si todo sigue igual hasta fin de año, cuando nuevos brazos levanten la mano en el Senado tras la elección legislativa? ¿Será igual el panorama tras el “incidente $Libra”? Mafalda pregunta.&nbsp;

La llegada del juez Lijo a la Corte navega en un mar de dudas

En 2024, impulsado por el gobierno, trabajó una comisión de expertos para la reforma del Código penal. El mismo data de 1921 y quedó prácticamente obsoleto en lo que hace a delitos y penas. Concluida la redacción del proyecto, fue presentado al ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona para su análisis previo a elevarlo al Congreso para su tratamiento y posterior aprobación.&nbsp;La comisión que trabajó durante seis meses para cumplir con la tarea encomendada estuvo integrada por el abogado Jorge Buonpadre, el juez Mariano Borinsky, la jueza María Eugenia Capuchetti, los jueces Ricardo Basilico y Julio Báez y las abogadas Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, el abogado Horacio Romero Villanueva y los miembros del ministerio de seguridad Fernando Soto y Carlos Manfroni.&nbsp; &nbsp;Los puntos destacados del proyecto&nbsp; El código reformado pasa de 316 a 540 artículos, tratándose de una reforma integral aggiornado a los tiempos que corren con pena de prisión perpetua efectiva de 35 años y si es reincidente 40 de cárcel efectiva.&nbsp; Entre los puntos principales se encuentran:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Impedimento de acceso a la libertad condicional en delitos graves como daño a la salud, muerte, abuso sexual, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad, trata, entre otros.</li><li>Decomiso anticipado en favor del Estado, que prevé el recupero del producto del delito antes de la condena.</li><li>Legítima defensa de las fuerzas de seguridad y presunción en favor de la autoridad pública de seguridad en actuación del cumplimiento del deber o legítimo ejercicio de su derecho.</li><li>Reiterancia delictiva: se considera un agravante que hace aplicable el tercio superior de la escala penal.</li><li>Reincidencia existencia de condena de dos delitos dolosos con pena de prisión.</li><li>Delitos contra la integridad sexual prevé penas de 8 a 20 años de acuerdo a la modalidad.</li><li>Pornografia infantil y grooming se actualizó y agravó la pena contemplando el uso de inteligencia artificial.</li><li>Protección de la familia: prevé agravamiento de penas en delito de trata y venta de niños con hasta 15 años de prisión.&nbsp;</li><li>Robo y delitos contra la propiedad: salude tas bancarias, arrebatos y otras modalidades frecuentes como coloquialmente conocemos como motochorros con penas de hasta 15 años.</li><li>Estafas piramidales: nuevas modalidades y fraudes informáticos con penas de hasta 7 años y multas.</li></ol>Entre otros puntos salientes de la reforma se encuentran las usurpaciones con sus variantes y agravantes con penas que llegan a los 6 años. En el caso de los incendios y otros estragos modifica los artículos 186 y 189 eleva penas de hasta 15 años y en caso de muerte puede alcanzar los 25 en delitos dolosos y 10 en culposos. La reforma incluye los delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte con hasta 3 años para quien entorpezca la marcha sin autorización. Además incorpora las agresiones en manifestaciones públicas con penas de hasta 2 años elevadas a 3 cuando los objetos o proyectiles arrojados sean contra las fuerzas de seguridad.En cuanto a la tenencia y portación de arma de fuego eleva las escalas penales y el tráfico ilegal puede llegar a 15 años.Delitos de corrupción y crimen organizado&nbsp;Se incorpora la figura de crimen organizado independiente a la asociación ilícita con una escala de 8 a 20 años para el que coopera en el mantenimiento de la organización.1- corrupción: prevé un aumento en las escalas respecto a los delitos de cohecho, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito que van de 5 a 15 años de prisión e inhabilitación. Haciendo que las penas sean de cumplimiento efectivo.2-enriquecimiento ilícito: se amplía el sujeto que hoy sólo es para funcionarios públicos. Será para todo aquel que deba presentar declaraciones juradas como por ejemplo titulares de obras sociales.3- lavado de activos: se mantiene de 3 a 10 años y se agrava cuando esté involucrado un funcionario a 13 años y 4 meses de prisión más multa de hasta 20 veces.&nbsp;4- terrorismo y financiamiento: se incorporan nuevas figuras como asociación ilícita terrorista con pena de 5 a 20 años y una mínima de 10 para jefes u organizadores. Cuando algún delito se cometa con fines terroristas eleva la pena llegando a perpetua.5- Narcotráfico: se aumentan las escamas de 5 a 20 años de prisión y se aumenta el tráfico de estupefacientes a 6 años cuando se trate de pasta base ( Paco). Agrega la figura vinculada con la organización internacional dedicada al narcotráfico con penas de hasta 25 años.6- delito de trata de personas y migración ilegal: penas de hasta 15 años de prisión.7- delitos contra el orden internacional: se incorpora en el libro tercero comprendiendo genocidio, crímenes de guerra con hasta 30 años de prisión.El nuevo código establece entre su articulado las apuestas y juegos de azar online con penas de 3 a 6 años y multas. La pena se eleva a 8 si hay menores involucrados afectados. Incorpora también ciberdelitos entre fraude, robo y porno venganza.Por último se destaca los delitos en el deporte incrementando la escala penal de delitos cuando se cometan en el ámbito deportivo, artístico o de concurrencia masiva y se incorporan nuevos delitos para la prevención y control de dopaje en los espectáculos deportivos.&nbsp;Sin duda alguna este proyecto simboliza el trabajo de varios intentos de reforma que son necesarios para un ordenamiento penal que esté adaptado a los tiempos que corren. El gobierno ya anunció que enviará a ordinarias para ser debatido. Esperemos que esta vez pueda ser aprobado, sino seguiremos en 2025 con un código de 1921.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;

Un proyecto de Código penal aggiornado a la actualidad.

Un Código penal que agrava penas para los tiempos que corren

La semana pasada el expresidente recibió una buena y una mala noticia por parte de la justicia. Fernández fue noticia durante dos días seguidos en los que concurrió a Comodoro Py. El lunes pasado casi de manera sorpresiva llegó a los tribunales acompañado de su abogada Mariana Barbitta para intentar por&nbsp; segunda vez apartar al juez Julián Ercolini de la causa por el escándalo de los seguros alegando una enemistad manifiesta. El juez Roberto Boico volvió a rechazar el pedido pero el viernes la noticia fue que al sortearse el juez que subrogará el juzgado federal 11 que dejó vacante en 2020 Claudio Bonadio tras su fallecimiento, la bolilla que salió de entre 3 que estaban en el bolillero fue la de Sebastián Casanello, algo que tal vez le haya traído un poco de alivio al exmandatario si es que éste acepta el cargo que actualmente está en manos de Julián Ercolini que debe resolver la situación procesal de los 39 imputados y que desde el miércoles cuando se realizó la última indagatoria, está en condiciones de hacerlo. No se sabe a ciencia cierta qué hará el magistrado que tiene 5 días para decidir. Si rechaza quedar a cargo del juzgado podría realizarse un nuevo sorteo si la cámara Federal acepta las explicaciones de la negativa.&nbsp;&nbsp;Ahora bien si la&nbsp; novela del verano Icardi- Nara nos pareció entretenida dentro de lo doloroso que suele ser una separación, es porque no seguimos en detalle la que involucra al expresidente Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yáñez. Es que desde el 6 de agosto de 2024 cuando estalló la causa por violencia de género todos los cañones apuntaron directamente al exmandatario. El martes 4 de febrero se realizó la indagatoria donde el exjefe de Estado apuntó de lleno contra el juez y el fiscal de la causa y a través de un extenso escrito alegó haber sido él víctima de los maltratos de su pareja debido a sus adicciones y reclamó su sobreseimiento. Ercolini debe resolver por estos días si lo procesa o no por hechos de violencia de género que habrían ocurrido desde 2016.&nbsp; &nbsp;A la par de este expediente Fernández recurrió a la justicia de la ciudad para denunciar por hostigamiento a Yáñez y consiguió en enero pasado una perimetral digital por 90 días para que cesen dichas acciones. Y a su vez pidió la revinculación presencial con su hijo Francisco, con quien sólo mantiene algunas citas virtuales. Un informe interdisciplinario presentado el pasado 5 de febrero fue contundente y sostuvo que los encuentros presenciales entre el niño y su padre, “son de urgente necesidad”. La mala relación entre Yáñez y Fernández es indisimulable pero aquí se trata de priorizar el bienestar del menor que parece ser un objeto de disputa. Habrá que ver cómo avanza la pesquisa.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/02/a_23.jpeg" alt="a"><figcaption>Alberto Fernández. Preocupado en Comodoro Py.</figcaption></figure>Por otro lado, al ex jefe de Estado se le está por abrir otra disputa administrativa/judicial. El gobierno de Javier Milei tras anunciar que se retiraba de la OMS, aseguró estar dispuesto a analizar la gestión de Fernández durante la pandemia por el COVID 19 del que creen haber estirado el encierro de los argentinos en pos de un beneficio electoral dejando a la ciudadanía a la deriva. Si esto avanza y se determinan irregularidades durante la cuarentena, se abrirá otro flanco judicial para el exmandatario que hoy está al borde de dos procesamientos, uno de ellos que lo podría llevar a la cárcel con un máximo de hasta 18 años de prisión. El hombre que supo verse empoderado cuando fue nominado por Cristina Fernández de Kirchner pasó de tener una imagen positiva muy alta a caer al día de hoy en una imagen negativa de más del 80 por ciento, entre eso y el abismo hay un solo paso.&nbsp;

Alberto Fernández entre el abismo y la novela turca

El fallo Levinas abrió viejas heridas en el Poder Judicial, entre quienes exigen la transferencia a la Ciudad y aquellos que la resisten. En una de sus últimas decisiones del 2024 la Corte Suprema por mayoría estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA es el superior tribunal de las causas que tramitan en la justicia Nacional. Fue al resolver una cuestión de competencia en un caso concreto, destacando la situación anómala donde aún coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria ( civil, comercial, laboral y penal) a pesar de la autonomía dispuesta en la Constitución Nacional, de la ciudad y los compromisos asumidos por las autoridades legislativas para traspasar las competencias judiciales. El fallo tuvo la disidencia de Carlos Rosenkrantz que sostuvo que lo decidido por sus pares supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino. Y aunque es transitorio, no existe en el ordenamiento “ la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”. Esta decisión puso en alerta a los magistrados que consideran que es inconstitucional y que se trata de un traspaso de hecho y harán lo posible para resistir. Por su parte el presidente del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra en diciembre pasado manifestó que este cambio implicaba la necesidad de una mesa de trabajo para simplificar la tarea de los abogados. La primera señal en 2025 la dio el Procurador general interino Eduardo Casal que el viernes le pidió a la Corte la suspensión de la aplicación del Fallo al expresar que el Ministerio Público Fiscal se vería impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar. En consonancia con este pedido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la justicia Nacional harán el mismo reclamo. En tanto se espera que esta semana comiencen los plenarios de los presidentes de las Cámaraa Nacionales para analizar los pasos a seguir. Mientras tanto durante la feria judicial se solicitaron dos cautelares para evitar la puesta en marcha del fuero laboral en la ciudad y en el marco de un expediente laboral de la Asociación de empleados fiscales e ingresos públicos contra el Poder Ejecutivo, la Cámara Nacional del Trabajo de feria rechazó un planteo del Estado Nacional para remitir un expediente al Tribunal Superior porteño al sostener que si está demandado un órgano federal, el caso no puede estar decidido por un Tribunal local. Todo lo que se está gestando, no fue bien recibido por la Ciudad de Buenos Aires que desde hace muchos años exige la transferencia de la justicia a su órbita y que el fallo de la Corte se cumpla. Este fin de semana el Ministro de justicia de CABA, Gabino Tapia salió con los tapones de punta y expresó en redes sociales “Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el “inmovilismo” y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional”.Además desde el Ejecutivo porteño defendieron la puesta en funcionamiento del fuero laboral aprobado en la legislatura para acelerar los procesos que en la justicia nacional “tardan cinco u ocho años”. Aseguran mantener un canal de diálogo con Nación para que se realice el traspaso de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad. El año judicial recién comienza pero esta pelea que lleva años no será sencilla de resolver, los jueces nacionales creen que van a perder privilegios y nadie está dispuesto a ceder.

La transferencia de la justicia: un fallo que exige negociación y tensión

Este año judicial está signado por las elecciones de medio término y la justicia se mueve con cautelaEste año judicial se encuentra marcado por las elecciones de medio término, lo que ha llevado a la justicia a actuar con especial cautela. En sesiones extraordinarias, se debaten temas cruciales como la reiterancia, el juicio en ausencia, la ley antimafia, la ley de quebrantos y los pliegos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. Este último punto, sujeto a una ardua negociación, podría debatirse el próximo 13 de febrero en el recinto si se alcanza el número necesario.Por su parte, los Tribunales federales continuarán con investigaciones y juicios contra políticos acusados de corromper el sistema. Sin embargo, esta tarea no será sencilla, ya que existe un treinta por ciento de vacantes debido a la falta de tratamiento de pliegos o la inconclusión de concursos clave, situaciones directamente vinculadas a la política.Designaciones clave y vacantes pendientesLa semana pasada, el gobierno designó al nuevo procurador del Tesoro en reemplazo de Rodolfo Barra. Santiago Castro Videla, abogado designado por el ejecutivo, asumirá el cargo, cuya función principal es "ser el abogado del Estado y defender sus intereses". No obstante, el puesto de procurador general, vacante desde 2017, sigue sin cubrirse. Ni la gestión de Mauricio Macri, que postuló a Weimberg de Roca, ni el gobierno de Alberto Fernández, que propuso al juez Daniel Rafecas, lograron ocupar el cargo, que requiere acuerdo del Senado con mayoría agravada. Hasta el momento, el gobierno de Javier Milei no ha presentado ningún nombre, por lo que el interino Eduardo Casal continúa a cargo del Ministerio Público Fiscal.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/02/cuadernos.jpeg" alt="cuadernos"><figcaption>Cuadernos. Avanza la causa que aterra a políticos y empresarios.</figcaption></figure>Lo que viene en 2025La actividad en Comodoro Py comenzará con el expresidente Alberto Fernández sentado el 4 de febrero frente al juez y fiscal para ejercer su derecho de defensa en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez. Paralelamente, el juez Ercolini debe resolver la situación procesal del exmandatario en la causa Nación Seguros, donde ya fue indagado.A mediados de febrero, el día 20, vence el plazo para presentar recursos en la causa Vialidad, donde la expresidenta Cristina Fernández enfrenta una condena de 6 años de prisión por defraudación. Una decisión judicial favorable podría dejarla fuera de carrera política si decide presentarse a algún cargo. La fiscalía buscará agregar el delito de asociación ilícita. Además, en la causa Hotesur/Los Sauces, la Corte determinó que debe ir a juicio, y el Tribunal Federal 5 (TOF 5) iniciará las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía antes de fijar una fecha de debate oral. Por otro lado, el TOF 8 deberá establecer una fecha en la causa Memorándum.Agenda de juicios y casos destacadosLa agenda de juicios estará dominada por casos que involucran a exfuncionarios del kirchnerismo, empresarios y dirigentes sindicales. Uno de los casos que captará la atención de la opinión pública será el debate oral por la muerte de Diego Maradona, que comenzará el próximo 11 de marzo en San Isidro, con siete imputados. La enfermera Brenda Madrid optó por ser juzgada por juicio por jurados, y el 26 de febrero se realizará una audiencia para definir la fecha.Después del 10 de febrero, se reanudará el debate por "Fútbol para Todos", que tiene en el banquillo a Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto, entre otros. El 6 de marzo, la actriz Andrea del Boca se sentará frente al estrado, acusada junto a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y otros exfuncionarios kirchneristas, de defraudar al Estado por una novela que nunca se estrenó. El TOF 7 escuchará a 97 testigos en este caso.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/02/fpt.jpeg" alt="FPT"><figcaption>FPT. Aníbal Fernández, Julio Grondona, Cristina Kirchner y Diego Maradona.</figcaption></figure>Juicios por corrupción y defraudaciónEl juicio oral por la presunta defraudación y cohecho en la construcción del Gasoducto Norte-Sur entre 2004 y 2006, que involucra al exministro Julio De Vido, al exsecretario de obras públicas José López y a directivos de la empresa Skanska, continuará su curso. El 7 de abril, se llevará a cabo el debate contra De Vido, López y los empresarios Benito Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini por el mismo delito en la contratación de las obras de las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas y Berazategui.El megajuicio de los cuadernos de las coimasUno de los juicios más esperados es el de los "cuadernos de las coimas", que comenzará en noviembre. En este megajuicio, la expresidenta Cristina Fernández, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, y 159 imputados, entre exfuncionarios y empresarios, serán juzgados. Se espera que cerca de 900 testigos declaren en este proceso.Denuncias y causas en trámiteEntre los procesos judiciales en trámite, destaca el caso de "los gerentes de la pobreza", como denominó el gobierno a algunas organizaciones sociales. La causa contra el Polo Obrero está próxima a ser elevada a juicio. Durante la feria judicial, Elisa Carrió presentó una denuncia por presunta defraudación con medicamentos oncológicos del PAMI en colaboración con laboratorios durante la gestión de Luana Volnovich. También se presentaron varias denuncias contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones en el Foro de Davos. Aunque estas expresiones no constituyen delito per se, será interesante ver cómo responde la justicia.ConclusiónEl año judicial que se inicia promete ser intenso y movido, con una agenda cargada de juicios de alto perfil y decisiones clave que podrían tener un impacto significativo en el panorama político y social del país.

Judiciales

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