Con varios frentes en contra, el juez García Mansilla define su futuro

La semana pasada y tal como se venía especulando, el gobierno sufrió un gran revés en el Senado en su intento por aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para legitimarlos en el cargo de ministros de la Corte Suprema. La derrota fue contundente en cuanto a los votos para rechazarlos. En el caso de Lijo, como nunca asumió porque los cortesanos no le aprobaron la licencia, es casi como hablar en abstracto porque no tiene ningún cambio de status. Continúa siendo juez federal en Comodoro Py, manejando dos juzgados, el suyo y el que subroga ante una vacante de las tantas que tiene el edificio.
 

El problema se da en el caso de Garcia Mansilla, quien ya le había adelantado al juez Alejo Ramos Padilla previo al dictado de la medida cautelar, que un juez inferior no puede sacar a uno superior y que en todo caso como tiene mandato por el Decreto 137 hasta el término de las sesiones ordinarias, la única manera de correrlo es a través del juicio político para lo cual el Senado debería llegar a reunir la mayoría necesaria. 
 

Inmediatamente después que se diluyera la posibilidad de estar en el máximo tribunal hasta los 75 años con acuerdo legislativo, las miradas apuntaron directamente a García Mansilla. Un grupo de profesores, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país solicitaron su cese inmediato en las funciones que desempeña en la Corte. En la misiva expresaron que su propuesta de designación fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo. En ese marco, manifestaron que “resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 9 inciso 4, de la Constitución Nacional”. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo defiende el cargo para el cual fue nombrado en comisión y asegura que la Constitución es clara y este goza de estabilidad mientras dure el período legislativo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo en diferentes notas periodísticas que “la Corte le tomó juramento” y que así lo validó. Esos dichos tuvieron estrecha relación con declaraciones de Ricardo Lorenzetti, que afirmó que no hubiera asumido por decreto cuando participó de la jura. 
 

Recordemos que desde que juró García Mansilla ya ha firmado varios fallos y resoluciones administrativas, las cuales ahora parecen quedar en suspenso con la cautelar del juez federal de La Plata que el mismo 3 de abril dispuso una orden jurisdiccional para que “se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite por ante la Corte mientras actúe como juez "en comisión" de dicho tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones penales y/o pecuniarias que pudieren corresponder a quienes no cumplieran con este mandato judicial; todo ello por el plazo de tres meses y previa caución juratoria”.

Dicha cautelar ya fue notificada al presidente Javier Milei,  a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, entre otros. 

¿García Mansilla dará un paso al costado o, por el contrario, defenderá su silla en el expediente que tiene Ramos Padilla ante la sociedad?

Por lo pronto, la primera recusación la recibió de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, previo a que el Senado rechazara su pliego. Por lo bajo, sostienen que habría adelantado a sus colegas que les pedirá opinión; aunque si va en per saltum en la causa Cepis, los cortesanos no tendrán otra opción que dar su veredicto respecto a la disputa, algo de lo que aún nada dijeron cuando rechazaron la licencia de Lijo. Allí, en un breve párrafo, dejaron en claro que la decisión no implicaba dar opinión sobre la validez o no del Decreto 137, adelantándose tal vez a lo que finalmente ocurrió y que es el cuestionamiento al decreto presidencial. El final del catedrático sigue abierto y solo él podrá decidir qué hacer. Todo hace suponer que podría dar un paso al costado.