La Corte le dijo no a Lijo y depende del Senado

Sorpresa y desconcierto generó la resolución del pasado jueves 6 de marzo cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante juez, nombrado en comisión, Manuel García Mansilla, rechazaron otorgar la licencia extraordinaria sin goce de haberes que la Cámara Federal le había otorgado días atrás a Ariel Lijo para que pudiera jurar como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ello justificaron su decisión en doctrina de la propia Corte que data de 1975 y aprovecharon a darle un tirón de orejas a la Cámara Federal que se arrogó la potestad de conceder una licencia extraordinaria cuando ello solo está en manos del Máximo Tribunal. 
 

De este modo hay quienes avizoran que se conformó una nueva mayoría, que por ahora es inestable hasta que se apruebe el pliego del nuevo integrante, algo que parece estar cada vez más lejos puesto que en la comisión de acuerdos están juntando las firmas para rechazarlo. En tanto,  Lorenzetti que fue quien lo propuso para ocupar la silla que dejó vacante en 2021, Elena Highton de Nolasco ni siquiera firmó la resolución 176 pese a haber participado del acuerdo.

Un dato no menor es que los cortesanos dejaron plasmado que “la decisión no implica emitir juicio alguno sobre la validez y el alcance del decreto n° 137/2025”. Es decir, solo trataron el pedido de licencia extraordinaria, no así, si la designación en comisión es válida o no. Recordemos que esto fue cuestionado judicialmente por ONG que rechazaron la decisión del Poder Ejecutivo y pidieron que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, publicado en el Boletín Oficial el 26 de febrero de 2025, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, en los términos del artículo 99, inc.19, de la Constitución Nacional.
 

La acción de amparo fue radicada en el juzgado Federal de La Plata ante el juez Alejo Ramos Padilla quien notificó a los dos jueces designados por decreto y pidió informes al gobierno previo a avanzar en la causa. A la misma se sumaron otras presentaciones de distintas organizaciones que aspiran hacer caer el decreto.

En este contexto, el juez federal con más de veinte años en el Juzgado Federal 4 desde que asumió en 2004 para ocupar una silla en Comodoro Py, tomó la decisión de no renunciar a la espera de juntar voluntades en el Senado que lo pongan en el Máximo Tribunal, pero de manera definitiva. Para ello necesita de los dos tercios. Lo que hace esperanzarlo es que tiene dictamen aprobado y que el gobierno no retirará el pliego.

Así las cosas, diversas organizaciones especializadas en justicia enviaron una carta a cada senador exigiendo que asuman “su responsabilidad institucional y rechacen los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla designados inconstitucionalmente como jueces de la Corte Suprema mediante el decreto 137/2025”. El documento firmado por Amnistía Internacional, ACIJ, CELS,ELA,INECIP y Poder Ciudadano cuestionó lo sostenido por el gobierno respecto de que aun con el rechazo del Senado, los nombramientos seguirían vigentes hasta fin de año. Por el contrario, dijeron en el documento que la jurisprudencia de la Corte y la doctrina nacional, incluso la citada por el propio Ejecutivo en su decreto, han sido unánimes en establecer que “un rechazo expreso del Senado pone fin de inmediato a los cargos”.

En la misiva enviada a los legisladores manifestaron que “el Senado tiene la herramienta más efectiva para frenar esta intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial: el rechazo inmediato de los pliegos”. Y consideraron que cualquier dilación i inacción se convertirá en una omisión inaceptable que legitima este “atropello institucional“ que abriría un precedente riesgoso para la institucionalidad democrática. 
 

Con este panorama el juego sigue abierto, con una Corte que le puso un límite al poder de turno y  a la espera de que la política se ponga de acuerdo por sí o por no, pero que dé respuestas en medio de una situación cada vez más conflictiva en la justicia que cuenta con un 40 por ciento de vacancias como sostuvo el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas, donde aseguró que este año mandarán pliegos para cubrir la mayoría, entre ellas la de Procurador General y Defensor del Público entre otros. Porque de nada sirve que haya leyes que eviten la puerta giratoria o que suban penas, si no hay jueces que las apliquen.