El Gobierno denunciará a la jueza por liberar detenidos del Congreso

El Gobierno anunció por medio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se analizará el accionar de a la jueza Karina Andrade y será denunciada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que la medida se basa en un “posible incumplimiento de sus funciones”. La magistrada argumentó que la policía suministró información imprecisa sobre las detenciones.

Esta mañana el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, anunció mediante un posteo en la red social X que la Jueza Karina Andrade será denunciada ante el Consejo de la Magistratura de CABA, quien este miércoles ordenó la liberación de los detenidos por los incidentes ocurridos ayer en la marcha de los barras bravas en el Congreso. “Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”, escribió el ministro en un posteo en su cuenta oficial. Y agregó: “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”. 

La controvertida medida permitió la liberación de 114 detenidos en la marcha de los barras bravas. De ellos, 94 habían sido arrestados, en su mayoría, por la Policía porteña bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad.

La decisión generó el enojo del gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró esta mañana: “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada” ya que, de hecho, abundan imágenes en donde se puede ver a manifestantes quemar patrulleros, romper contenedores de basura y arrojar piedras contra la Policía.

Los argumentos para la liberación de los detenidos

“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a los hechos del Congreso de la Nación. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en flagrancia, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle", sostuvo la magistrada a cargo  del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.

En su fallo de este jueves, la magistrada expresó que, a medida que recibía información sobre las detenciones, la misma “se volvía más imprecisa”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, sostuvo.

La resolución señala que el delito que más informó la policía fue el de atentado y resistencia a la autoridad. Y que no hubo detenidos por delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.

Andrade detalló en su resolución la situación de los detenidos y presuntas irregularidades en los sumarios que entregaron las fuerzas de seguridad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como las federales que intervinieron en el Congreso.

Andrade recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 en el que hizo referencia a las libertades de las personas. “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente", explicó la jueza.

Asimismo, señaló que no solo fue deficiente la información que aportó la Policía sino que también fue tardía. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, expresó.

La resolución también destaca que en el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”. “No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico”, agregó.