El difícil escenario judicial que le espera a Cristina Kirchner en 2025

Si 2024 no fue un buen año en términos judiciales para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 2025 podría catapultarla. Ello porque se reactivaron causas en las que tribunales orales habían decidido sobreseerla sin realizar un juicio oral, algo que primero la Cámara de Casación revirtió y la Corte Suprema terminó avalando este fin de año y por otro lado la confirmación del tribunal revisor de la condena en la causa Vialidad.

Como es de público conocimiento el pasado 13 de noviembre la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En el marco de este expediente que investigó las irregularidades en la obra pública en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez quien también fue condenado junto a exfuncionarios del entonces gobierno de Fernández de Kirchner, las defensas solicitaron una prórroga -que les fue concedida- para recurrir el fallo, por lo que se estima las presentaciones de los recursos extraordinarios se realizarán en febrero de 2025. A partir de entonces los camaristas estarán en condiciones de definir si hacen lugar o no a los planteos y elevan la causa a la Corte Suprema o si rechazan por lo que la única instancia que les quedará a los imputados será ir en queja ( esto es acudir a la Corte para que revise el fallo cuando se rechaza la posibilidad de ir directamente).

Entonces no será hasta después de mitad de año probablemente que la causa llegue al Máximo Tribunal. De este modo hasta que la condena no quede firme, la exvicepresidenta no irá presa y por otra parte está habilitada para presentarse a las próximas elecciones legislativas en caso de decidirlo. La única traba que hubiese encontrado era si se aprobaba la ley de ficha limpia en el Congreso. Pero desde el ejecutivo sostuvieron mientras se intentaba tratar sobre tablas, que querían evitar la “victimización”. El jefe de gabinete Guillermo Francos durante una entrevista radial, a fines de noviembre pasado, aseguró que “ la victoria política o la derrota política la expresa el pueblo cuando vota”.

El fallo de Casación derivó en una resolución administrativa por la cual el Poder Ejecutivo decidió quitarle a Cristina su “jubilación de privilegio”, lo cual la exmandataria impugnó por considerarlo ilegal y llevará a la justicia en caso de la negativa de Anses de restituirla. Por lo que otro frente se abre de cara a 2025, aunque no solo eso ya que la Fundación Apolo presentó una denuncia en Comodoro Py que ya investiga el fiscal Gerardo Pollicita para determinar si cometió delito al cobrar el plus por zona desfavorable al declarar domicilio en Río Gallegos cuando habita en Buenos Aires.

Con ese telón de fondo este fin de año la Corte Suprema previo a la partida de Juan Carlos Maqueda quien cumplió 75 años, resolvió en causas sensibles que tienen por protagonista a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras recibió una buena noticia en la causa “Dólar Futuro” donde se confirmó su sobreseimiento al rechazar el recurso del fiscal Raúl Pleé, el 5 de diciembre los cortesanos confirmaron la decisión de la Cámara de Casación para que se realice el juicio oral en la causa “ Memorándum con Irán”.

Se trata nada más ni nada menos que la causa impulsada por el fallecido Fiscal Alberto Nisman, que en los próximos días cumplirá diez años de aquel fatídico día en el que fue hallado muerto en el baño de su departamento de la Torre Le Parc de Puerto Madero previo a ir al Congreso a explicar su denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner por el encubrimiento al atentado de la AMIA. El expediente de la muerte tramita en los tribunales como un homicidio. Para Nisman con la firma del memorándum se buscó encubrir a los acusados del atentado haciendo caer las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes requeridos por la justicia Argentina. En el fallo de la Corte ninguno de sus integrantes se metió en el fondo de la cuestión, simplemente descartaron la existencia de arbitrariedad o gravedad institucional alegada.

Junto a Fernández de Kirchner estarán sentados en el banquillo de los acusados Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo Zuain, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elia, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado. El excanciller Héctor Timerman falleció en el transcurso del debate. Serán los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos quienes deberán fijar fecha de inicio del debate oral que dependiendo de la agenda podría ser para este 2025 o fijarse para 2026.

La Corte también definió el pasado 16 de diciembre en una de las causas que más complican a la expresidenta y en la que compartirá banquillo junto a su hijo Máximo, entre otros, que es la conocida como “HotesurLos Sauces” donde se investiga una asociación ilícita, cohecho y lavado de activos. Allí los jueces dejaron firme la decisión de Casación que revocó los sobreseimientos dictados por el Tribunal Oral Federal 5 que por mayoría había decidido desvincular a los 38 imputados. Casación también apartó a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grümberg. Por esta razón serán Adriana Paliotti, José Michilini y Nicolás Toselli.

Esta causa tiene una estrecha relación con la de vialidad puesto que para la justicia el direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez traía aparejado el retorno a través del pago de alquileres de hoteles o departamentos de la familia Kirchner.

En este expediente el fiscal Diego Velasco había solicitado que se avance en medidas de prueba pendientes y otras nuevas pero el Tribunal no hizo lugar a la espera de la decisión de la Corte. Se espera entonces para este 2025 que ese pedido se ejecute por lo que hasta tanto no concluyan esos requerimientos no se podrá fijar fecha de inicio de juicio oral.

Así las cosas el 6 de noviembre Cristina Fernández de Kirchner volverá a estar sentada frente a un Tribunal Oral para ser juzgada como jefa de una asociación ilícita.

Un mega juicio a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero del TOF 7, que tendrá 159 imputados y cerca de 900 testigos. Un proceso que llevará mucho tiempo teniendo en cuenta que en principio serán audiencias una sola vez por semana y a la través de zoom para que puedan estar todas las partes ( no existe un salón tan grande como para que puedan estar sentados todos junto a sus defensores).

La causa estalló el 31 de julio de 2018 con la detención del chofer Oscar Centeno quien escribió en cuadernos viajes que realizaba para trasladar a Roberto Baratta ex2 del Ministerio de Planificación para recaudar dinero. Ello derivó luego en la detención de exfuncionarios y empresarios. Varios de ellos se convirtieron en arrepentidos y reconocieron haber pagado coimas en el marco de licitaciones o convenios. Fueron muchos años de vericuetos legales donde los acusados buscaron hacer caer la causa, primero intentando declarar inconstitucional la ley del arrepentido como así también derribar de todas formas los escritos del chofer Centeno denunciando irregularidades y tachaduras. Esto último más allá de generar un nuevo expediente judicial donde se trató de responsabilizar a Jorge Bacigalupo, el amigo del chofer que tuvo en su poder los cuadernos hizo que el Tribunal Oral ordenara un cuerpo de escritura que se realizó con mucho hermetismo el 17 de diciembre pasado respetando los protocolos del programa de protección de testigos e imputados.

El panorama no luce de lo mejor si tenemos en cuenta que se reabrió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por decisión de la Cámara Federal que revocó el archivo dispuesto por el juez Julián Ercolini a instancias del fiscal Pollicita en una derivación de HotesurLos Sauces. En su fallo los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que había que profundizar la investigación y realizar un peritaje contable, en tanto Mariano Llorens fue más allá e insistió en que se la llamara a indagatoria analizando de forma conglobada todos los expedientes. Recordarán que la expresidenta fue investigada en distintas oportunidades junto a su marido Néstor Kirchner y sobreseída todas esas veces. El caso más escandaloso fue el que tuvo en sus manos el fallecido juez Norberto Oyarbide quien años más tarde llegó a decirle a la prensa “ me apretaron del cogote para sacar las causas de los Kirchner”.

Por último no debemos olvidarnos de la causa por la ruta del dinero K donde se investiga a la exjefa de Estado. La investigación a cargo del juez Sebastián Casanello ya se juzgó y terminó con las condenas de Lázaro Báez, Leonardo Fariña entre otros, pero un remanente la tiene en la mira. Cristina Fernández fue sobreseída por falta de acusación del fiscal Guillermo Marijuan que la investigó durante años. Tras ello la ONG Bases republicanas pidió ser querellante. Mientras el magistrado denegó esa posibilidad, la Cámara les dio la razón y no sólo los aceptó sino que también revocó el sobreseimiento de la expresidenta. La acusación ahora sólo depende de la nueva querella, mientras se seguirá profundizando en medidas para avanzar.

Cristina Fernández de Kirchner aparece como imputada en la mayoría de las causas. Por el contrario es damnificada y víctima en el juicio que se le sigue a los llamados “ copitos” por el intento de homicidio ocurrido frente a su casa en el barrio de la Recoleta el 1 de septiembre de 2022. La exvicepresidenta intentó que se investigue una conspiración en su contra acusando al diputado Gerardo Milman. Hasta el momento la justicia no encontró una sola prueba de las acusaciones y la persona que dijo haber escuchado la frase “ cuando la maten voy a estar camino a la costa” que supuestamente dijo Milman, está siendo investigado por falso testimonio.

Todas estas decisiones judiciales en contra de los designios de la presidenta del PJ volvieron a poner sobre el tapete la discusión sobre un posible Lawfare desde los sectores que la apoyan. Acusan a la justicia estar en convivencia con la política para proscribirla. Lejos de ello como ya hemos mencionado. No hubo ficha limpia, no habrá una decisión judicial que impida a Cristina presentarse a elecciones y tampoco irá presa hasta tanto no se confirme la condena. El panorama es incierto, pero no lo es el trabajo que tendrán sus abogados para intentar revertir la situación procesal de su defendida. Porque hasta que no haya condena firme, “ se presume inocente”.