Fondos, burocracia y militancia identitaria
Arquitectura del poder y del negocio de género
Socióloga y ensayista (*)
Cómo una agenda transnacional avanza en escuelas, ministerios, medios y justicia con financiamiento externo y un sistema de poder que no admite réplica.
Se está librando una batalla silenciosa sobre lo que denomino el "negocio de género". Este vende a la ideología de la identidad de género afirmando que el sexo es mutable, pero enfrenta resistencia de gobiernos opuestos a estas políticas.
Ha logrado expandirse con el apoyo de organismos internacionales bajo el pretexto de los derechos humanos. La condición para florecer es arraigarse desde dentro de las instituciones. Se instala en donde se sancionan leyes, crean burocracias y estructuras educativas, normativas médicas y líneas argumentativas para los tribunales. Sus activistas, bajo la forma de políticos, especialistas y académicos, generan una demanda artificial y así movilizan los recursos del Estado en los países pobres.
La agenda transnacional de género beneficia a sus promotores locales a costa de los derechos de las mujeres, de sus espacios y oportunidades, así como de la desprotección de los niños como se viene denunciando largamente.
El contragolpe viene con medidas como la eliminación de políticas LGBT en Argentina (diciembre 2023) y restricciones en EE.UU. (enero 2025) a fondos federales activados hasta en países extranjeros. Tal es el caso de la suspensión de fondos a la publicación argentina Anfibia o de un seminario financiado por la Agencia del Departamento de Estados Unidos para la Ayuda Internacional (USAID) de u$s 55,000 solo para periodistas mujeres y LGBTQ sobre cambio climático en Argentina.
Lideran esta agenda los organismos de las Naciones Unidas (ONU) que transversalizan el tema de género en todas las instancias posibles. Estos suministran asistencia técnica, financiamiento o simplemente el respaldo de que el programa nacional sigue estándares de la ONU. En Argentina se suman otras ONGs, fundaciones por un lado, y por otro, el apoyo de la élite progresista movilizando fondos públicos.
Aunque los ejemplos son limitados, creemos que revelan un claro patrón de influencia.
Fuerzas globales en la política argentina
Según el Global Resources Report 2021-2022 financiadores internacionales destinaron u$s 51,117,886 a proyectos LGBTI en América Latina y el Caribe, con Argentina recibiendo u$s 1,258,345. Impulsaron la agenda de género fundaciones como Wellspring Philanthropic Fund, Arcus Foundation y gobiernos como EE.UU., Canadá y Países Bajos, aunque no se detalla a las organizaciones destinatarias.
Distorsión trans: salud en riesgo
La salud de género es un rubro fundamental en el negocio. Por ejemplo, entre 2006-11, organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud apoyaron al Ministerio de Salud y la Secretaría de Diversidad Sexual de Rosario para la atención de personas trans. Los gobiernos confunden sexo con género, ya que registran identidades, seis años antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género de 2012 (n°26.743). UNFPA y ONUSIDA asistieron al programa VIH-sida en 2010, formando en transgenerismo, mientras que en 2012, junto a UNESCO, UNICEF y la Fundación Huésped, instruyeron a los medios de comunicación sobre cómo informar correctamente sobre las identidades de género. La PNUD impulsó Consultorios Amigables oficializando la agenda. De esta manera, con la ley trans se pone en peligro la salud de los menores con tratamientos hormonales de modificación corporal como ya se advierte en Chile, Finlandia, Reino Unido, algunos estados de EE.UU. y Noruega. Además se maximiza la penetración del producto trans en todo el sistema público, además de convertirse a los registros públicos en datos distorsionados.
Adoctrinando con fondos globales
El sistema educativo acrecienta la demanda al presentar que la autodeterminación de la identidad de género es un DDHH. Organismos de la ONU como UNESCO y UNFPA, lideran estos proyectos junto a Spotlight (apoyada por la Unión Europea). UNICEF dicta que la ESI sea obligatoria para garantizar salud, diversidad e igualdad de género. Gobiernos como Canadá aportan u$s CAD 20 millones en 2024 para una iniciativa global de ESI (2024-27) incluyendo Argentina.
George Soros, de Open Society Foundations con la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner en 2012.
La Open Society Foundations (OSF) de George Soros es una de las ONG más conocidas por llevar adelante la agenda de las causas progresistas. OSF colaboró con el Ministerio de Educación argentino, cuyo ministro reafirmó la igualdad de género como prioridad. Asimismo subvenciona con u$s 200.000 al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) para educación en igualdad, con becas de u$s 40.000 a jóvenes feministas para ESI, y con u$s 200.000 en 2023 a Mujeres Trans Argentina para derechos LGBTQ, entre otras. Estas organizaciones parecerían depender de fondos externos, ¿sin ellos este activismo perdería fuerza?
Leyes a medida con dinero extranjero
Para imponer la idea de la identidad de género, se usan los litigios estratégicos a fin de desafiar leyes y quitar trabas. Ese es el caso del conductor mediático Flor de la V, que en 2011 logró que se aceptara cambiar el sexo en sus documentos solo con su declaración. Lo apoyaron la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). No hay pruebas claras de quién puso el dinero, pero como la FALGBT forma parte de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), pudieron recibir ayuda o fondos de grupos extranjeros que empujan estos temas. Además, el gobierno de ese momento animaba fervientemente a estas ideas, lo que facilitó las cosas sin necesitar grandes desembolsos económicos. OSF ha apoyado largamente a la ONG argentina llamada Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Solo en este último período ha comprometido u$s 2.500.000 en concepto de apoyo institucional 2022-25. Una de las más recientes acciones es impulsar un amparo de trece varones, “trece travestis y mujeres trans”, para lograr una pensión por discriminación y violencia institucional.
ONU Mujeres, que se supone que defiende a las mujeres y niñas, también financia a estos juicios por la agenda de género. En 2020, entregó 150.000 dólares a la Fundación Andhes (Abogados) y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (sic) un grupo de abogadas del Noroeste argentino, para defender a mujeres cis, trans y lesbianas que enfrentan violencia. En 2022, dio 117.500 dólares a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para un proyecto llamado "Maravilla de Mujeres contra la Violencia", que ayuda a mujeres con discapacidad, trans, no binarias y migrantes. Este grupo trabaja con otros como la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), ATTTA y la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias.
Empleo por ideología
Otra área de explotación de género es el fomento de los espacios inclusivos al Estado y empresas, financiado desde el exterior. ONUsida, UNFPA, PNUD lo movilizan en Argentina a través de la asociación civil Impacto Digital. En 2023 estas entidades más el gobierno del Reino de los Países Bajos financiaron el 49% del programa con u$s 23.520.591, más un 43% es decir u$s 63.490.936 provenientes de Fundaciones y empresas. En 2024 Argentina se destaca que en 55 de las 82 organizaciones participantes obtuvieron la designación "Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ 2024". El impacto alcanzó a 224,649 empleados, un aumento del 120% respecto al año anterior. El número de empresas participantes creció de 76 a 82 (un 8% más). Todo este esquema deriva en la ley nacional de cupo trans en 2021 (n° 27.636) como otras similares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, además de empleo trans en universidades nacionales, entre otros. La estrategia es generar más burocracia que privilegie las identidades de género por sobre las habilidades y méritos necesarios para el trabajo.
¿Es fácil distinguir entre organismos internacionales, fundaciones privadas y gobiernos locales? Evidentemente no y esa parece ser la naturaleza del negocio. Estos múltiples jugadores operan en una red global de alianzas con nombres diferentes que se coordinan con un plantel de políticos-especialistas-activistas ocupando simultáneamente espacios en organizaciones internacionales y nacionales, el gobierno y medios de comunicación.
Medios alineados
La idea de los derechos trans se amplifica mediante inversiones en medios de comunicación. Estos promueven una demanda artificial de identidades de género presionando a la corrección política de los medios. El gobierno de Canadá, por ejemplo,entregó u$s 15.535 dólares entre 2020 y 2021 al medio periodístico Presentes: géneros y derechos humanos. Su meta es “visibilizar a través de piezas de comunicación digital y redes sociales cómo las mujeres indígenas y las personas LGBTI se ven afectadas por la pandemia de COVID-19 en Argentina y Paraguay”. Mientras tanto, OSF subvenciona a los medios Anfibia y Cosecha Roja. Además gestiona becas para formar periodistas, que cubran temas como violencia contra las mujeres, crímenes de odio y ataques contra la comunidad LGTTBIQ. Otro caso es la ONG Chequeado.com que dice combatir la desinformación siguiendo esta misma agenda. Recibe fondos de la UNESCO, Endowment for Democracy, las embajadas de Canadá, EE.UU., así como universidades, asociaciones civiles y empresas argentinas, entre otras.
Vender la transversalización como innovación
El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó en 2018 un préstamo de u$s 44.300 millones que impulsó la transversalización de género con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, ampliando la agenda en toda la estructura estatal. Esto derivó en la Ley Micaela (n 27.499) de 2019, que obliga a capacitar en perspectiva de género a los tres poderes del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo), extendiéndose a provincias y universidades nacionales.
En 2021 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportó u$s 50 millones para mitigar la violencia de género y promover la equidad. El programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se sirve de estos fondos. Este beneficia directamente a 258,000 personas con acceso a justicia y acompañamiento. Además abarca a las 24 jurisdicciones, formando a un nuevo rubro laboral: capacita a 35,840 facilitadores y equipa a 12,000 promotores, además de construir Centros Territoriales Integrales. Estas medidas consolidan burocracias de género en todos los niveles de gobierno, generando un mercado laboral permanente que depende del erario público.
Solidaridad forzada, negocio asegurado
Otra fuente de financiación surge del “aporte extra solidario” obligatorio del 0,5% del sueldo bruto de trabajadores afiliados o no, que sirve de sustento a sus lineamientos transactivistas de los gremios. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es uno de los dos sindicatos más grandes, que representa a trabajadores de la administración nacional, provincial y municipales. La ATE celebra el aporte con lenguaje inclusivo: “Crecemos entre todes: el aporte solidario de les trabajadores se utilizará para iniciativas de capacitación y distintas acciones sociales”. En el caso de los gremios docentes, prácticamente todos son transactivistas como se resume en este gráfico.
Asimismo, los sindicatos de docentes de establecimientos educativos privados continúan movilizándose contra el gobierno anti-LGBT aunando fuerzas con FALGBT.
El género se queda sin negocio
La agenda, antes rica en fondos e influencia, se está frenando con Milei. Como representante del poder ejecutivo desmantela el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI y elimina el lenguaje inclusivo de las comunicaciones oficiales. También recortó la aplicación de la ley Micaela, que obligaba a participar a empleados públicos en temas de género a violencia familiar y se reduce a solo los organismos específicos. Además no aplica el cupo trans y, con dos decretos 61/2025 y 62/2025, limita la ley trans. Ahora las cárceles se asignan según el sexo de nacimiento y se prohibirían los tratamientos de género a menores.
El poder judicial y legislativo también están dejando de apoyar estas ideas. El Congreso ha eliminado para ambas cámaras los cursos impartidos con contenido transgenerista, como antes. Y el poder judicial que daba muchos cursos a los trabajadores judiciales, ahora solo ofrece tres cursos sobre justicia y género, lo que muestra que el interés está cayendo.
Las provincias no sueltan el negocio
Mientras que en la actualidad el gobierno nacional pone freno al progresismo institucional, a nivel provincial sus políticas siguen presentes. Probablemente mantenerlas les da votos y mantiene también contenta a su burocracia transgenerista ya que muchos viven del empleo público.
La agenda de género persiste en las provincias. Para solo nombrar unos pocos, en el norte, la provincia de Jujuy tiene el Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades y la provincia de Salta cuenta con su Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En el sur, Tierra del Fuego apuesta con su Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades y hasta la Ciudad de Buenos Aires sigue con la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos.
Vemos el caso de la provincia más populosa del país. Desde la creación en 2019, del Ministerio de Mujeres y Diversidad lidera el camino extendiendo su influencia en cada rincón de la gestión pública. Lo respaldan cuatro subsecretarías clave que transversalizan el género y amplifican su mensaje mediante direcciones especializadas. La PBA tampoco ha puesto el freno en el área de salud. Para este año 2025 se septuplicaron los centros de hormonización desde 13 años en adelante de 20 a 141. En 2020 y 2023 gastaron aproximadamente más de u$d 2.000.000 en tratamientos hormonales, incluso para menores. En educación, el derroche continúa con la instrucción en la ideología de la identidad de género. Se invirtieron $ 4.385 millones en libros para la adquisición de 1.218.000 ejemplares en el marco de la ESI y pese a la polémica y denuncias se distribuyeron en la provincia.
En síntesis
Los ejemplos analizados, como el financiamiento de organizaciones de la ONU, fundaciones como la de Soros y la coordinación de actores nacionales, demuestran que la supuesta demanda por la identidad de género no surge de una realidad histórica, sino de una estrategia de lucro impuesta desde arriba.
La ideología de género insiste en que las personas transgénero han existido siempre, silenciadas por un sistema opresor, pero el sexo, como hecho biológico inmutable, desmiente esta narrativa. Lejos de reflejar una verdad universal, esta agenda obliga a todos a aceptarla, sirviendo a los intereses de grupos que manipulan emociones para consolidar su poder.
(*) La autora es residente en Japón, Profesora de la Universidad Kwansei Gakuin.