Corte Suprema: entre divisiones y la incertidumbre ante una posible nueva etapa

Que existan tensiones en la Corte Suprema no es novedad. Si hacemos un racconto, desde la llegada de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la gestión de Mauricio Macri, la relación con su par Ricardo Lorenzetti no ha sido la mejor.

Las diferencias ya se palpaban en 2018 cuando este último dejó la presidencia del Máximo Tribunal que ocupó durante once años. Para entonces, el presidente saliente cuestionó duramente la resolución de Rosenkrantz de hacerse cargo del Centro de Información Judicial ( CIJ) acusando a su antecesor de dejar acéfala el área de comunicación. A partir de allí, el clima de tensión fue in crescendo al punto de mostrar su fastidio en 2021 cuando Horacio Rosatti, tras una votación, quedó a cargo del Máximo Tribunal. Fue entonces cuando Lorenzetti envió una carta a sus pares comparando ese suceso con la elección de Julio Nazareno en el año 2000 y cuestionó el “auto voto” que le permitió ganar la elección a su par, aludiendo a la necesidad de contar con tres votos para la elección ( en ese momento estaba Elena Highton de Nolasco, que no participó y había pedido una prórroga, como tampoco Lorenzetti, que se encontraba fuera de la ciudad).

La cosa fue más allá en 2022 cuando la pelea involucró a los voceros de Rosatti y Lorenzetti. Tras una serie de fallos que rechazaban planteos de Cristina Fernández de Kirchner en una nota periodística mencionaban a Silvio Robles como el hacedor de algunos párrafos. María Bourdin salió con los tapones de punta contra el ladero de Rosatti y en la red social X dejó en claro que las cosas entre ellos no estaban bien al sostener mediante la transcripción de un párrafo de la nota en cuestión “Me estaría dando vergüenza que este operador, ex Miceli, Jaime, Juan José López (actual Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz) diga que escribió una sentencia judicial. Tan bajo caímos?”.

El asunto no quedó ahí. Un año más tarde, en una extensa carta, Lorenzetti le exigió a Rosatti la renuncia de Robles por “graves faltas de ética”, según sostenía la misiva que las enumeraba punto por punto. En medio de toda esta reyerta se avanzaba en un dictamen en el Congreso por el juicio político impulsado por el Frente de Todos contra los integrantes del Máximo Tribunal que terminó siendo una nube de humo.

La propuesta del poder ejecutivo de cubrir vacantes trajo nuevos enfrentamientos

En 2024, el gobierno nacional propuso para sumarse a la Corte y cubrir la vacante que dejó en 2021 Elena Highton y que dejaría en diciembre Juan Carlos Maqueda -a quien decidieron no prorrogar el periodo cuando cumpliera los 75 años que marca la Constitución- al juez federal Ariel Lijo (aliado de Lorenzetti) y al abogado y académico Manuel García Mansilla. Pese a cierta resistencia de algunos sectores, los pliegos ingresaron al Senado en junio del año pasado para su tratamiento en comisión, previo a elevarlo al recinto para su votación.

Un mes antes de que esto ocurriera dentro de la Corte siguieron los tironeos. La nueva disputa tuvo que ver con la creación de la secretaría Penal Especial. Por mayoría, los jueces justificaron ello en razón del incremento de expedientes penales que ingresaban a la secretaría 3, por lo cual para “garantizar la buena administración de justicia” lo consideraban necesario. Lorenzetti votó en disidencia señalando que existían otros intereses. “Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, expresó y agregó: “siendo público y notorio que se ha nominado dos jueces para la Corte, sería de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”. Además, apuntó a sus colegas en el atraso de sentencias y la falta de justificación para crear la nueva secretaria. Meses más tarde, Lorenzetti volvió al centro de la escena tratando de marcar la cancha a Rosatti quien fue reelecto en octubre pasado por tres años más, en una elección donde se abstuvo de votar y advirtió a sus pares que en caso de que “ingresen nuevos integrantes a la Corte, habrá que elegir de nuevo a las autoridades”. En ese contexto, durante una entrevista, sostuvo que es una Corte de transición, ya que “no está bien una Corte de tres”.

Cuando promediaba diciembre, previo a la partida de Maqueda, quien dejó el Máximo Tribunal después de veintidós años en medio de una efusiva despedida, los cortesanos dictaron una serie de acordadas que tampoco tuvieron acogida favorable por parte de Lorenzetti, que volvió a cuestionar a sus colegas al sostener que desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos como nunca hubo en el Tribunal, reglas para que las causas sean juzgadas por conjueces entre otros planteos.

Entre las críticas a sus pares, Lorenzetti dijo que las peleas por ocupar espacios de poder en el tribunal terminaron menoscabando la función prioritaria de la Corte, que es la de dictar sentencias en casos de trascendencia institucional y aludió a 87.218 causas que esperan un pronunciamiento. La respuesta no se hizo esperar y en un documento oficial se informó que durante 2024 la Corte dictó más de 12.250 sentencias, récord en el marco de un incremento interanual que se sostiene a lo largo de los últimos años. Y esa cifra se alcanzó según el comunicado con una dotación de personal que se mantiene estable a lo largo de los años.

Expectativas con las sesiones extraordinarias

Este viernes se conoció el temario de la convocatoria del gobierno a sesiones extraordinarias que en su punto 7 incluye la consideración de Pliegos que requieran Acuerdos para designaciones y promociones del H. Senado de la Nación, lo cual hace prever que se traten los de Lijo, García Mansilla y otros que quedaron sin analizar. ¿Se juntarán los votos necesarios para completar las vacantes que dejaron Highton de Nolasco y Maqueda en la Corte o finalmente ocurrirá que terminen siendo designados en comisión por decreto? La respuesta la tendremos entre el 20 de enero y el 21 de febrero. En el mientras tanto, la guerra interna en la Corte parece no tener fin.