Una toma de terrenos que desafía a la Justicia

La historia de la ocupación ilegal de los terrenos de la Reserva Natural de Ciudad Evita es una muestra de cómo, para algunos, no hay justicia ni leyes que valgan. Porque los usurpadores siguen allí, con total impunidad, construyendo sus casas, atendiendo sus comercios, vendiendo predios por internet y hasta poniendo rejas para controlar el ingreso.

Toda historia, claro, tiene un comienzo. Esta comenzó el 17 de septiembre de 2015, cuando el Concejo Deliberante de La Matanza aprobó por unanimidad la creación de la Reserva Natural Ciudad Evita, destinada a proteger extensos humedales. Ahora, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), allí viven más de 440 familias. 

Los terrenos habían sido otorgados al Estado por sus propietarios originales, pero su hija, María Isabel Carballo, trató de obtener la titularidad por prescripción adquisitiva. Aunque su reclamo fue rechazado por la Justicia en varias ocasiones, Carballo, según admite ante las cámaras de El Trece, entregó terrenos como una “cesión”, aunque, en el mismo video, reconoce que, por algunos recibió dinero a cambio.

En tanto, al conflictivo barrio también se acercó un supuesto puntero político de Villa Lugano, el boliviano Rolando Pardo, quien aseguró haberle comprado varias hectáreas a Carballo. Pardo fue denunciado por la vicecónsul de Bolivia, Noemí Torrico, en el sentido de que había estafado al menos a 50 familias. En otras palabras, Pardo habría vendido terrenos que, no olvidemos, son Reserva Natural.

Como si fuera poco, los vecinos también le reclamaron a la Justicia que tome medidas contra la Fundación IYF Argentina (International Youth Fellowship) que ocupó varias hectáreas y construyó un templo coreano y un edificio de tres pisos. Cuando les clausuran las instalaciones, los coreanos dicen lo mismo que algunos bolivianos: compramos los terrenos y ahora son nuestros.

Pero, aunque parezca mentira, en esta ensalada de irregularidades, violentos intentos de desalojo —uno de ellos produjo la confusa muerte de un militante de izquierda—, y protestas en la Richieri porque Edenor les cortaba la luz que no pagaban, hay más.

Una comunidad indígena se sumó a los reclamos para que desalojen la Reserva Natural. Lo hicieron porque allí está el Yacimiento Arqueológico Tres Ombúes, un área protegida y sitio sagrado, que contiene un cementerio querandí. A los ocupantes, por supuesto, esto también les tiene sin cuidado. Lo mismo que la orden judicial fechada en 2022 que ordenó el desalojo.

Videos grabados en las últimas semanas muestran cómo el Barrio Puente 13 avanza sin parar. No es el único asentamiento porque allí también están los barrios 22 de Enero, 28 de Octubre, y el Barrio de los Paraguayos. Los ocupantes ilegales queman los terrenos y luego empiezan a construir con herramientas y materiales que llegan en camiones. 

Incluso, los ocupantes han puesto rejas para impedir el ingreso de personas ajenas a un lugar que ya puede considerarse como un “barrio privado”, cuya calle principal se llama Bolivia. Privado, pero construido en terrenos del Estado, a costa del Estado.