Justicia con perspectiva de género
Menores usados como escudos: la hipocresía de las mujeres que manipulan la ley en su beneficio
Cuando los más chicos se convierten en armas en las disputas legales, el sistema judicial queda expuesto como cómplice de un fenómeno que sacrifica el bienestar infantil en beneficio de intereses egoístas.
En los últimos años, hemos sido testigos de un fenómeno alarmante que demuestra la destrucción parcial y la manipulación del sistema judicial en favor de la mujer. A medida que se han incrementado los casos de divorcios, disputas de custodia y denuncias por violencia doméstica, surge un patrón preocupante: madres que, en lugar de buscar la verdad y el bienestar de los infantes, los utilizan como un escudo en sus enfrentamientos legales con sus padres en favor de su propio beneficio, sin considerar siquiera el deseo de sus hijos.
Esta circunstancia no es un simple accidente, sino una estrategia premeditada que está siendo aprovechada por muchas en su afán de obtener ventajas legales o económicas a costa del hombre, sin tener en cuenta el daño que esto provoca. La ley debería ser un garante de la justicia imparcial; sin embargo, se ha convertido en un arma de doble filo, donde la maternidad se erige como un garante del éxito en la corte.
El caso de Sebastián Domenech, quien desde 2015 no ha podido ver a sus hijos debido a una denuncia desestimada pero con restricciones cautelares vigentes, es solo uno de muchos. En paralelo, el sistema que debería proteger a los menores muestra su parcialidad, como quedó evidenciado en el caso de Lucio Dupuy. Este niño de 5 años fue asesinado por su madre y su pareja en 2021, luego de que el sistema judicial le otorgara la custodia a la madre pese a múltiples denuncias por violencia. Lucio es el rostro más trágico de un sistema que prioriza la formalidad sobre el bienestar infantil.
El presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ascendió en 2023 a $20.000 millones de pesos, destinado mayormente a campañas de visibilización. Mientras tanto, un estudio de 2020 de la Defensoría del Pueblo reveló que el 25% de las denuncias de violencia en disputas legales terminan desestimadas, pero no sin antes haber destruido vínculos familiares.
Es urgente que la sociedad, y particularmente las autoridades judiciales, tomen medidas para que la ley deje de ser el refugio de aquellos que buscan destruir la vida del otro sin considerar el daño colateral (angustia, problemas de identidad, sociabilización, aprendizaje, autoestima, de confianza, entre otros) que infligen hacia los más inocentes de todos: los hijos. Los derechos de los jóvenes no deben estar sujetos a los intereses personales de sus padres.
La justicia debe ser imparcial, y el bienestar de los niños debe ser lo único que verdaderamente importe. Como sociedad, también tenemos la tarea y el deber de condenar este tipo de accionar, velar por la presunción de inocencia del denunciado y, sobre todas las cosas, exigir reformas en el código penal para velar, no solamente por los más vulnerables, sino por la propia legalidad. Una reforma efectiva sumada a una doble condena (social y judicial) frente a estas aprovechadoras son los factores clave para poder erradicar este nuevo fenómeno que es tan perjudicial para todos.
