Ignacio Torres: contra los "pseudomapuches" y el terrorismo en el sur del país

En el sur de Argentina, particularmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, se ha consolidado un fenómeno que genera preocupación tanto por su impacto en la seguridad jurídica como en la convivencia social: la ocupación ilegal de tierras por parte de grupos que se autodenominan "mapuches", aunque en muchos casos su vínculo real con este pueblo originario es, cuanto menos, cuestionable.

Lejos de tratarse de una reivindicación legítima, estas acciones han sido aprovechadas por organizaciones extremistas que, bajo la bandera de la restitución territorial, promueven una agenda de violencia y confrontación. Su objetivo parece claro: desestabilizar el orden social y político del país. A través de actos de intimidación, como incendios, cortes de ruta y usurpaciones, estos grupos han llevado adelante una campaña que no solo afecta a productores rurales y empresarios, sino que también pone en jaque la integridad del Estado argentino.

Desde 2015, las tomas de tierras han ido en aumento, afectando miles de hectáreas tanto de propiedades privadas como fiscales. Un caso emblemático es el de la comunidad "Lof Mapuche Pu Lof en Resistencia", en Chubut, donde grupos radicalizados, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), han ocupado tierras de manera violenta, generando confrontaciones con las fuerzas de seguridad y con los habitantes de la región. La RAM, recientemente catalogada como "grupo terrorista" por las autoridades, ha sido señalada como uno de los principales actores detrás de estos hechos.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es la aparente vinculación de algunos de estos grupos con sectores de la izquierda radical, que buscan impulsar una agenda política ajena a los reclamos históricos de las comunidades mapuches. En cambio, su accionar parece orientado a desestabilizar el orden institucional. Un ejemplo de esto fue el ataque armado a la comitiva de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en 2020, que puso en evidencia el nivel de violencia que estos grupos están dispuestos a ejercer.

Según informes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, en los últimos años se ha registrado un incremento en los actos de violencia vinculados a estas ocupaciones. En 2022, por ejemplo, se documentaron más de 100 casos de ataques en el sur del país, muchos de ellos atribuidos a la RAM y a otros grupos como la comunidad Lafken Winkul Mapu. Además, en provincias como Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) ha sido señalado por acciones similares.

Frente a este escenario, es imperativo que el Estado actúe con firmeza para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integridad de las instituciones. La violencia y el terrorismo no pueden ser tolerados ni minimizados, ya que representan una amenaza directa a la paz y la estabilidad del país. Es fundamental que se tomen medidas concretas para desarticular estos grupos, proteger a los afectados y asegurar que la ley se cumpla en todo el territorio nacional.

La manipulación de la identidad mapuche para justificar actos de violencia no solo es un fraude, sino que también dificulta cualquier posibilidad de diálogo y solución pacífica. La única manera de avanzar es a través de un compromiso firme con la legalidad, la justicia y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos. Argentina no puede permitir que la violencia se imponga como método para resolver conflictos.