El Gobierno y FMI: novela con final abierto y ¿libre disponibilidad?

Argentina logró un acuerdo clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla un desembolso total cercano a los 20.000 millones de dólares, con un período de gracia de cuatro años. Este entendimiento resulta sumamente favorable, no sólo por el monto comprometido, sino también porque representa una señal clara de confianza del organismo internacional en el programa de estabilización económica que está llevando adelante el actual gobierno.

El período de gracia otorgado por el FMI constituye, en sí mismo, un mensaje contundente: el organismo espera que la Argentina pueda retomar la senda del crecimiento sostenido, apalancado en las reformas estructurales que se están implementando. En otras palabras, el Fondo apuesta a que las políticas macroeconómicas actuales generen un entorno propicio para el desarrollo, de modo que el país esté en condiciones de cumplir con las obligaciones contraídas en el futuro.

Este tipo de cooperación entre el país deudor y el FMI no es nueva y ha dado resultados positivos cuando se acompaña de un programa económico serio y consistente. El caso de Israel en 1985 es uno de los ejemplos más emblemáticos: el país atravesaba una profunda crisis económica, con una inflación que superaba el 400% anual, fuertes desequilibrios fiscales y una crisis de confianza generalizada. Ante este escenario, el gobierno israelí —con apoyo técnico del FMI y financiero de Estados Unidos— implementó un ambicioso plan de estabilización basado en tres pilares: ajuste fiscal, congelamiento de precios y salarios, y una política monetaria contractiva.

A diferencia de otros programas de ajuste que generaron recesión, el caso israelí mostró que la combinación de disciplina macroeconómica, credibilidad política y respaldo internacional puede generar resultados rápidos y sostenibles. En apenas un año, Israel redujo drásticamente su inflación, estabilizó su tipo de cambio y sentó las bases para una década de crecimiento sostenido, apertura comercial y expansión tecnológica.

No obstante, en nuestro caso, persiste una cuota de incertidumbre en torno a la magnitud del primer desembolso. Ya se ha confirmado que será del 40% del total, es decir, aproximadamente 8.000 millones de dólares. De esa suma, se estima que unos 5.000 millones serán de libre disponibilidad. Y es precisamente este punto el que genera preocupación en los mercados financieros: muchos se preguntan si ese monto será suficiente para estabilizar el frente cambiario o si será necesario gestionar un refuerzo adicional que actúe como amortiguador en un contexto global cada vez más complejo.

Este debate cobra aún mayor relevancia si consideramos que el panorama internacional se ha tornado adverso para las economías emergentes. La creciente incertidumbre global, marcada por una intensificación de las tensiones comerciales —impulsadas en su momento por la administración de Donald Trumpy perpetuadas por dinámicas geopolíticas actuales—, eleva las probabilidades de una recesión global.

Dicho de forma sencilla, si las principales economías del mundo —como Estados Unidos, China y la Unión Europea— experimentan una desaceleración, sus niveles de demanda externa caen, y esto impacta directamente en países como Argentina, que dependen de la venta de productos al exterior. Una reducción en las exportaciones implica menos ingreso de divisas, lo que a su vez genera desequilibrios en la balanza comercial y presión sobre el tipo de cambio.

En este marco, ya se observa una mayor demanda de dólares por cobertura, impulsada por expectativas devaluatorias. Si los agentes económicos consideran que en el corto o mediano plazo habrá una corrección cambiaria, reaccionan anticipadamente. Además, en contextos de volatilidad internacional, suele producirse una salida de capitales desde mercados emergentes hacia activos considerados "seguros", como los bonos del Tesoro estadounidense. Esta menor demanda de activos locales agrava la presión sobre el mercado cambiario.

A esto se suma un diagnóstico ampliamente compartido por analistas y operadores del mercado: el tipo de cambio se encuentra atrasado. Esta percepción genera comportamientos estratégicos: los agroexportadores demoran la liquidación de divisas, esperando un tipo de cambio más favorable, mientras que los importadores adelantan compras para aprovechar precios actuales más bajos. Este descalce entre oferta y demanda incrementa la inestabilidad del mercado.

Frente a este escenario, los 5.000 millones de dólares de disponibilidad inmediata podrían resultar insuficientes para calmar las expectativas del mercado. La clave está en si el gobierno efectivamente logra negociar un refuerzo adicional, tal como se ha rumoreado recientemente. Si se concretara la incorporación de otros 5.000 millones de dólares, se generaría un colchón más robusto que brindaría mayor certidumbre y protección frente a una eventual corrida cambiaria, especialmente en un contexto externo que no responde exclusivamente a factores internos.

Desde la perspectiva del FMI, existe una reticencia histórica a autorizar el uso de fondos para intervenir directamente en el mercado cambiario. Los desembolsos suelen estar condicionados al cumplimiento de objetivos macroeconómicos y destinados principalmente al repago de la deuda con el propio organismo o con acreedores privados. Sin embargo, también es cierto que, si Argentina no logra estabilizar su tipo de cambio y no puede salir del cepo de forma ordenada, se dificultará la recuperación económica. Y sin crecimiento, el repago de la deuda se torna más incierto. 

Este punto no es menor, ya que Argentina se ha convertido en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional: actualmente representa casi un tercio (28%) del total de los préstamos otorgados por el organismo a nivel global, y con el nuevo acuerdo por US$20.000 millones, esa participación podría trepar al 47%, alcanzando una deuda total de aproximadamente US$60.000 millones. Esto implica que casi la mitad de la exposición crediticia del FMI estaría concentrada en un solo país, lo que convierte a la Argentina no solo en una prioridad política y económica, sino también en su mayor riesgo financiero institucional. 

En este marco, es evidente que tanto Argentina como el Fondo comparten el incentivo de evitar una crisis cambiaria: un colapso en el programa no solo comprometería el repago de la deuda, sino también la credibilidad del propio FMI y su capacidad de acción en otras regiones del mundo.

En definitiva, tanto para Argentina como para el FMI, el peor escenario posible es uno donde una fuerte devaluación provoque un nuevo deterioro de la actividad económica y retrase el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias acordadas. Por eso, existe un incentivo compartido para que los primeros desembolsos sean lo suficientemente generosos como para disipar dudas y contener posibles tensiones en el frente cambiario.