El campo y los anuncios oficiales: entre el beneplácito y la cautela

Con los anuncios sobre retenciones (reducciones temporales en los principales granos, eliminación para las economías regionales), el gobierno consiguió esquivar un frente de conflicto con el campo que venía creciendo, alimentado por los muy bajos precios internacionales de los granos y por una situación climática que en ciertas zonas ya es desesperante por falta de lluvias.

Puede decirse, en términos de comunicación, que el mensaje fue recibido sin distorsiones. El ministro Caputo eligió dos frases que no dejaron lugar a dudas: una, “me encantaría eliminarlas a cero, pero no podemos”. La otra, “no es una medida permanente porque no tenemos recursos, pero queríamos dar una señal al sector”.

Se trata entonces de un indicador de cuál es la voluntad oficial: por un lado, no ignorar la gravedad de un estado de cosas evidente. Por otro, no comprometer de manera irresponsable lo alcanzado hasta ahora, sobre todo en términos macroeconómicos (situación fiscal, riesgo país, inflación).

Los menos entusiastas agregaron en sus comentarios otros dos elementos: el primero, que 2025 es un año electoral por la renovación en ambas cámaras del Congreso y legislaturas provinciales. El otro, que este paso permite a la administración Milei ganar tiempo para avanzar en su estrategia económica general.

Una síntesis de la repercusión de los anuncios podría ser “beneplácito y cautela”. Nadie en el ámbito rural niega que lo anunciado trae alivio, responde (parcialmente) a los reclamos y va en el rumbo correcto. 

Tampoco nadie desconoce que la intención del gobierno es ir suprimiendo obstáculos a la actividad productiva, desde el tan mentado “impuesto PAIS” hasta las muchas desregulaciones y quita de trabas que sufría, muy especialmente, el sector más dinámico y competitivo de la actividad económica argentina.

Aire para la dirigencia

“Éste es un primer paso hacia lo que quiere la Casa Rosada: que los que producen vuelvan a poner el foco en sus mercados y no estén pendientes de factores especulativos o del humor del gobierno”, sintetizó un dirigente.

Y hablando de dirigentes, no puede ocultarse que para los de las entidades del campo este gesto implicó un alivio de cara a los planteos cada vez más estentóreos que venían recibiendo de parte de sus representados.

Los cuatro presidentes de las organizaciones nacionales de productores (Carlos Castagnani, de Confederaciones Rurales Argentinas; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; Andrea Sarnari, de la Federación Agraria Argentina, y Lucas Magnano, de CONINAGRO) lo incluyeron en sus opiniones ante la prensa: “fuimos escuchados, éste es el fruto de haber seguido dialogando a pesar de todo”, podría ser un resumen de sus dichos.

Ahora, provincias y municipios

El complemento necesario para evaluar esta decisión nacional está en cuál será la respuesta de provincias y municipios a la exhortación -¡otra más!- de que también en esos niveles se reduzca la asfixiante presión que padecen los productores.

En este reclamo del Palacio de Hacienda hay un llamado a la solidaridad pero también un ingrediente bien concreto y cuantificable: se estima que este cambio en materia de retenciones hace que el fisco pierda unos US$ 800 millones de recaudación hasta el 30 de junio, fecha límite de vigencia del régimen que se oficializará el lunes. Estimaciones difundidas desde consultoras privadas poco después de conocerse la novedad señalan que se trata del 0,13% del PBI de recaudación, y advierten que el superávit financiero del sector público nacional en 2024 rondó el 0,3%. No es poca cosa, entonces, para una economía que procura recobrarse de resultados catastróficos a lo largo de mucho tiempo.

En síntesis: el sector agropecuario, en su mayoría, valora lo anunciado porque cree que va en la dirección adecuada. Por el lado de la cautela, algunos de sus principales voceros agregan que esperarán a conocer la “letra chica” del decreto para una opinión definitiva, y ponen la vista en “el día después”.

No lo dijeron públicamente en estas horas, pero casi todos confían en que para el 1° de julio simplemente la tendencia se profundice, rumbo al ansiado final de los tristemente célebres derechos de exportación.