El aborto o cómo crear una trampa ideológica

Desde hace décadas, el debate sobre el aborto en nuestro país ha sido el terreno de batalla de una verdadera lucha ideológica. Porque lo que se presenta como una respuesta a los reclamos de una supuesta mayoría es, en realidad, un ardid de la izquierda y el feminismo para reconfigurar la sociedad a su imagen y semejanza manipulando la opinión pública con la única finalidad de velar por sus intereses.

La consolidación de esta ley en diciembre de 2020 fue presentada por el gobierno de Alberto Fernández como una respuesta a una supuesta crisis de salud pública. Sin embargo, los datos oficiales indican que las muertes maternas por interrupción de embarazos eran significativamente bajas antes de su sanción.

Según el Ministerio de Salud, en 2019 se registraron 18 muertes de madres por esta causa en todo el país, representando apenas el 0,16% de los fallecimientos de mujeres en edad fértil, cifra que se mantuvo incluso luego de su implementación estatal.  El llamado a la “libertad de elección” se revela, en realidad, como un pretexto para imponer una visión del mundo en la que la vida y la familia se relegan a un segundo plano.

En este contexto, podemos interpretar la promoción de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo por parte del gobierno de Fernández como una estrategia política para desviar la atención de otros temas críticos, como la gestión de la pandemia y la situación económica. Al centrar el debate público en torno a este tema, el gobierno buscó consolidar el apoyo de sectores progresistas y feministas, mientras relegaba a un segundo plano otras problemáticas urgentes que afectaban a la sociedad argentina en ese momento.

Esto se ve reflejado en los datos, ya que, según la Unidad de Datos de Infobae, la imagen negativa del expresidente era de un 60% fruto del descontento popular producido por la cuarentena, pero luego de esta sanción, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la aprobación de su gestión se situaba en el 48,7%, con una desaprobación del 49,4%. Detrás de la retórica de la “conquista de derechos” se oculta, en realidad, una estrategia calculada para desviar la atención de los problemas reales.

Además, el gobierno de Fernández, al impulsar esta polémica, encontró en el aborto un instrumento eficaz para movilizar a sectores progresistas y feministas, consolidando así una base de apoyo que, en otros momentos críticos, habría exigido soluciones concretas a la emergencia que atravesaba el país.

Para entonces, el debate público se ha convertido en una trampa ideológica. Los defensores de esta medida, al centrarse exclusivamente en la supuesta defensa del derecho individual, ignoraban deliberadamente las consecuencias éticas y sociales de una práctica que atenta contra el principio fundamental de la protección de la vida. Así, mientras se celebraba una victoria en el terreno de la imagen política, se ocultaban las verdaderas prioridades: el bienestar y la seguridad de las familias y de la sociedad en su conjunto.

En conclusión, es imperativo retomar el debate sobre la legalización del aborto desde una perspectiva que trascienda la retórica ideológica y se base en datos científicos y económicos precisos. No se trata únicamente de discutir derechos, sino de analizar el impacto real en el gasto público. Estudios del Ministerio de Salud sugieren que el costo promedio de esta práctica es de US$ 4.269.182, cifra que demanda una revisión exhaustiva en tiempos de restricciones presupuestarias, sobre todo teniendo en consideración que, hasta el último dato disponible, recopilado en 2023, se realizaron 245.015 interrupciones legales del embarazo, lo que evidencia su alto gasto y su pobre uso.

Es imperiosa, también, la necesidad de demandar, para acceder a un debate correcto en sus formas y contendidos, sin sesgos políticos, una información certera respecto a los riesgos de esta práctica, cuándo se concibe la vida, los métodos anticonceptivos disponibles y su respectivo uso, entre otros temas.

Los datos matan a los relatos. Solo a través de un debate informado, que integre cifras reales y argumentos científicamente sustentados, podremos garantizar que las decisiones públicas respondan a las necesidades genuinas de la sociedad y optimicen el uso de los recursos estatales.