Chile: la crisis oficialista se nota puertas afuera y arde la interna

Para graficar el estado de cosas imperante en el oficialismo chileno acaso baste con un ejemplo: el lunes 14 la ex presidente Michelle Bachelet, socialista con ascendiente sobre el conjunto de partidos que acompaña la gestión del presidente Gabriel Boric, convocó a los precandidatos presidenciales de ese sector a una reunión en la que los invitó –según se dice, enfáticamente- a suavizar sus alusiones recíprocas y a llevar adelante “con buena onda” la campaña para las primarias del 29 de junio de Chile.

A la salida de la reunión Paulina Vodanovic, precandidata socialista y presidenta de ese partido, mantuvo sus críticas por la marcha del gobierno y, de paso, fustigó a una de sus rivales, Carolina Tohá, ex ministra del Interior y postulante por el Partido por la Democracia (PPD), porque ésta –dijo- busca “hacerme quedar como la villana de la serie”. Y Tohá, muy poco después, no se quedó atrás y le objetó su estrategia de distanciarse de las decisiones de Boric y su equipo.

“Uno no se queda con los beneficios de estar en el gobierno y después anda llorando por los costos”, reflexionó ante la prensa.

Las “complejidades” oficialistas

Para la administración encabezada por Boric el panorama, sin duda, se presenta preocupante.

Las encuestas más recientes sitúan al Presidente con un 27% de aprobación, en caída, y un 69% de reprobación ascendente. Sólo un 22% piensa que el país va por buen camino; apenas el 15% ve a la economía progresando, y el 18% ve con optimismo la situación del empleo, afectado por una tasa de desocupación del 8,5%.

Las consultas a la opinión pública coinciden también en los diagnósticos preelectorales. Todas las preferencias presidenciales espontáneas colocan en el primer lugar a la centroderechista Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia (comuna de la Región Metropolitana), seguida por otros dos referentes de la derecha: Johannes Kaiser, libertario, y José Antonio Kast, republicano. La primera postulante del centroizquierda es la comunista Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo de Boric, con un 5%. Detrás, con cifras aún menores, aparecen sucesivamente Tohá, el frenteamplista Gonzalo Winter, la socialista Vodanovic y el liberal Vlado Mirosevic.

A las desventuras preelectorales propiamente dichas el oficialismo fue agregando otras imprevistas, por el lado judicial. De entre ellas puede citarse el “caso Monsalve” (Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, debió renunciar tras haber prosperado una denuncia en su contra por abuso en perjuicio de una colaboradora suya) y, muy especialmente, el escándalo de la frustrada venta al Estado de la casa en que vivió el expresidente Salvador Allende.

“La casa de Allende”

En septiembre de 2023, al cumplirse 50 años del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet y de la muerte del depuesto presidente Salvador Allende, Boric lanzó la idea de adquirir una de las casas en que ésta había vivido para convertirla en un museo en su memoria.

Luego de una larga negociación vinculada con el precio de la residencia, el Estado y los familiares del ex presidente llegaron a un acuerdo en un valor cercano al millón de dólares y se redactó el contrato de compraventa, firmado al filo del final de 2024 previo decreto presidencial que autorizaba la operación.

Al parecer, ningún funcionario interviniente tuvo en cuenta nada menos que la Constitución de Chile, que prohíbe expresamente que funcionarios públicos y parlamentarios celebren contratos con el Estado. El problema es que por el lado de los propietarios de la casa aparecían la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, nieta de Salvador, y la por entonces senadora socialista Isabel Allende, hija de aquél y tía de Maya.

La denuncia de parlamentarios opositores llegó al Tribunal Constitucional (TC), mientras que la explosiva repercusión pública originó las renuncias de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, militante del propio Frente Amplio de Boric; del jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, y finalmente de Maya Fernández Allende.

El TC fue drástico: por 8 votos contra 2, decidió la destitución de Isabel Allende, sin tener en cuenta su apellido, su renombre como escritora y sus más de 30 años como diputada y senadora.

El Partido Socialista entendió que sus aliados en la coalición gubernamental (PPD, Frente Amplio, comunistas, liberales, regionalistas verdes) no habían sido suficientemente solidarios en la situación y expresaron con claridad y prudencia ese fastidio, potenciado porque el mismo día de la destitución de Isabel Allende el FA celebraba la designación de su candidato presidencial.

Rigideces y perspectivas

Dentro del abanico de candidaturas, la mayoría comprende que cualquier repunte en las encuestas dependerá de que las propuestas y el consiguiente discurso se desplacen hacia el centro, por lo que precandidatos como Tohá y Winter iniciaron con cautela ese recorrido con críticas a regímenes como los de Venezuela o Cuba.

Pero la reacción de la dirigencia comunista no se hizo esperar. Jara reconoció violaciones a los derechos humanos del gobierno de Maduro, pero sobre Cuba sostuvo que era solamente “un sistema democrático distinto al nuestro” y que la falta de libertades o la estructura de partido único se debía al “bloqueo norteamericano”, con lo que persistió en la alineación histórica del PC chileno con el castrismo.

Es ilustrativo, en este sentido, recordar que en abril del año pasado los partidos comunistas ratificaron su adhesión de décadas con un “acuerdo de intercambio y cooperación”.

Recapitulación: la derecha también exhibe disensiones y no logró unificar sus candidaturas (Matthei, Kast, Kaiser), con lo que repite la actitud previa a las elecciones de 2021, que permitió el acceso de Boric al Palacio de La Moneda santiaguino.

Sin embargo, el tiempo y las conductas individuales y colectivas de los partidos oficialistas juegan contra sus propias chances de retener el gobierno.

Algunas interpretaciones de los analistas incorporan un enfoque aún menos auspicioso para Boric y los suyos: según ellos, todos los partidos cercanos al gobierno habrían nominado candidatos a presidente porque descuentan una derrota en noviembre y prefieren reservar su mayor capacidad de negociación para los acuerdos en el Congreso.